¿Debería la sanidad pública pagar el tratamiento de las enfermedades que son consecuencia del estilo de vida?
El estilo de vida es el conjunto de hábitos y comportamientos que una persona adopta en su vida cotidiana. Algunos ejemplos son la alimentación, la actividad física, el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, el estrés, el sueño, las relaciones sociales y el ocio. El estilo de vida influye en la salud de las personas, tanto en el ámbito físico como mental y social.
Existen algunas enfermedades que se originan o se agravan por la forma de vivir de las personas. Estas enfermedades se llaman enfermedades relacionadas con el estilo de vida y son responsables del 63% de las muertes en el mundo (según la OMS, 41 millones de personas al año). Algunas de estas enfermedades son la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y algunas enfermedades mentales.
La sanidad pública es el conjunto de actividades organizadas por las Administraciones públicas, con la participación de la sociedad, para prevenir la enfermedad así como para proteger, promover y recuperar la salud de las personas del territorio o región. La sanidad pública se financia con los impuestos que pagan los ciudadanos y tiene como principios la universalidad, la equidad, la solidaridad y la calidad.
La pregunta de si la sanidad pública debe pagar el tratamiento para las enfermedades relacionadas con el estilo de vida es compleja y no tiene una respuesta única. Se trata de un debate ético y político que implica valorar diferentes aspectos como los derechos humanos, la justicia social, la autonomía personal y la sostenibilidad del sistema sanitario.
Por un lado, se puede defender que la sanidad pública tiene la obligación de garantizar el derecho a la salud de todas las personas, con independencia de su lugar de nacimiento, edad, sexo, condición social o económica, y las costumbres culturales, sociales y religiosas que puedan existir. Además, podemos considerar que el estilo de vida no es solo una elección individual, sino que está condicionado por los determinantes sociales de la salud, es decir, las circunstancias en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. Estos determinantes incluyen factores como el nivel educativo, el ingreso económico, el empleo, el medio ambiente, el acceso a los servicios básicos y la participación social. Por lo tanto, es posible sostener que la sanidad pública debe asumir el tratamiento de las enfermedades relacionadas con el estilo de vida como una forma de compensar las desigualdades sociales en salud.
Por otro lado, es posible argumentar que la sanidad pública tiene recursos limitados y que debe priorizar su uso en función de criterios de eficiencia y eficacia. En este sentido, se puede cuestionar si es justo que la sanidad pública destine una parte importante de su presupuesto a tratar enfermedades que podrían prevenirse o reducirse con un cambio en el estilo de vida. Además, el estilo de vida es una responsabilidad individual y cada persona debe asumir las consecuencias de sus decisiones si estas han sido tomadas con libertad de elección. Podemos sostener que la sanidad pública debe exigir a las personas que adopten estilos de vida saludables como requisito para acceder al tratamiento o cobrarles un copago por los servicios sanitarios que reciban. Pero, ¿cómo saber si tenían los conocimientos y las oportunidades para decidir?
No hay una respuesta fácil ni definitiva a mi pregunta. Lo que sí parece claro es que la salud es una responsabilidad compartida entre el individuo y la sociedad. El individuo tiene el deber de cuidar su salud y la de los demás, adoptando hábitos saludables, evitando conductas de riesgo y buscando ayuda profesional cuando sea necesario. La sociedad tiene el deber de garantizar el derecho a la salud de todas las personas, ofreciendo un sistema sanitario público, universal y de calidad, así como promoviendo políticas públicas que mejoren los determinantes sociales de la salud. El coste de los tratamientos es un factor importante a tener en cuenta a la hora de gestionar la salud pública. Sin embargo, no debe ser el único criterio para decidir si se debe o no pagar un tratamiento. También hay que considerar otros aspectos como la efectividad, la seguridad, la equidad y la ética del tratamiento.
En mi opinión, la prevención y la promoción de la salud van a ahorrar costes sanitarios a largo plazo, al prevenir o retrasar el desarrollo de enfermedades.
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